Por: Roberto Simeón

Para Apic 9-1-10

Los social-revolucionarios comprendemos que el sindicato es el tenso enlace de conjunción dialéctica entre el desarrollo económico y el desarrollo social. A través de esta institución el mundo del trabajo, directamente vinculado a la producción y constituido por la base social más amplia, ejerce la función configuradora y centralizante del dinamismo socio-económico, y es capaz de conducir hacia una nueva civilización del trabajo. Esta sería la única base posible de una nueva cultura, desalienada y fundada en una jerarquía del servicio y el merito.
El sindicato, como expresión organizada y autónoma del mundo del trabajo, ubicado dentro de la estructura del estado, constituiría el fundamento más sólido del carácter democrático que éste último debe tener. Significaría la presencia inmediata y en ejercicio de la base, en el ámbito de deliberación y la decisión de la sociedad. Se evitaría así el desvirtuamiento de la democracia, cuando deviene una pura formalidad jurídica que, por su distanciamiento de la base, deja abierto el paso a las mediaciones, privilegios y presiones desde el medio económico.
Esto abre grietas en el orden institucional y pone impedimentos a la movilidad social y a la interpelación orgánica entre los estamentos. En consecuencia, se genera, por una parte, el indiferentismo político, y por otra, el extrañamiento social del ciudadano, el cual, verdaderamente, ha dejado de ser tal, pues ha pasado de sujeto responsable y participante, a objeto que padece el poder, el cual, en consecuencia, se le presenta ahora como una entidad divinizada e irremovible.
Las prácticas disgregantes de algunas formas del capital internacional a veces se conjugan con los privilegios internamente desarrollados, o con la acción de ciertos sectores menos concientizados de los trabajadores, pretenden considerar el movimiento obrero como una asociación para reclamar beneficios económicos y separarlo de todo protagonismo sociopolítico en cuanto el reordenamiento de la praxis civilizadora.
Los social-revolucionarios comprendemos que hay una relación directa entre la estabilidad social y la participación de las organizaciones sindicales en la dirección y realización de toda política socio-económica. El crecimiento económico se conjuga con la garantía del ejercicio de los derechos sociales, entre los cuales se incluye, por supuesto, la satisfacción de las necesidades vitales del trabajador y su familia, la educación, la salud, etc. Estos, a su vez, no pueden ser conculcados por estructuras, ya capitalistas ya paternalistas, que limiten la libertad y la espontaneidad de la acción comunitaria.
El sindicato ha evolucionado dramáticamente. En Cuba especialmente, tuvo transformaciones muy peculiares, que se han fijado como una proposición histórica. Este claro y definido desarrollo histórico del movimiento obrero proyectaba un programa de genuino sindicalismo social-revolucionario. Cuando el triunfo insurreccional del 1ro. de enero de 1959, el movimiento estaba institucionalmente apto para asumir el rol que le correspondía en un clima de soberanía popular.
Pero a la profunda sacudida social que se produjo al desplomarse la vieja sociedad y darse a la fuga los sostenedores de la corrupta dictadura de Batista, donde la dirigencia obrera estaba públicamente desprestigiada, sucedió una profunda convulsión en el movimiento obrero organizado. Inmediatamente después del X Congreso de la C.T.C. de 1959, se inició la declinación.
El sindicato dejo de ser en Cuba el modo de expresión organizada de los trabajadores, porque la libertad laboral dejó de existir. El derecho de huelga, que había sido plasmado en el Decreto-Ley nº 3 de 1934 y luego consagrado en la constitución de 1940; el de libre sindicalización, y reconocimiento jurídico de la Confederación de Trabajadores, las Federaciones de Industria y los sindicatos como organismos sociales autónomos representativo de la comunidad del trabajo. Al imponerse la subordinación de sindicatos y organizaciones representativas al gobierno y al partido gobernante, fueron conquistas abolidas.
En el XIII Congreso de la C.T.C. de noviembre de 1973, primero, y luego en la Constitución de la República de 1976, decretada por el gobierno, la subordinación se impuso.
Lazaro Peña y otros sindicalistas, durante el proceso organizativo, hicieron intentos, aunque pusilánime de mantener en lo posible los logros conquistados en el pasado. Posteriormente, de forma aún más débil, también lo ensayó Carlos Veiga. Después de ellos, quedó pues establecido que "los sindicatos son cuerpos autónomos, pero dirigidos y guiados políticamente por el partido, y que deben seguir su política", lo cual es absolutamente contradictorio a la tradición del movimiento obrero cubano.
A pesar de las frustraciones que produjo el XIII Congreso, y de la posterior imposición constitucional que convertía la C.T.C. en un aparato burocrático coactivo subordinado por la ley fundamental al Partido Comunista de Cuba –lo cual invalidaba su representatividad y su tradición histórica de más de un siglo-. Hoy en las asambleas de los trabajadores se respira una mayor agilidad y creatividad y hay un grado menor de supeditación que en cualquier otra actividad asamblearia del actual régimen.
Ahora bien, esto mismo nos ofrece indicios adecuados –conjuntamente con la proyección histórica del movimiento obrero, y la necesidad de crear una fuerte estructura social- para avizorar la realización de esa soberanía popular activa por la cual trabajamos los social-revolucionarios.
Estos antecedentes, y la realidad presente, nos hacen llegar a la conclusión de que la institución del sindicato y de sus organismos representativos como entidades apartidistas y autónomas, han de ser fundamento imprescindible y el nervio protagónico de la estructura social que pretendemos construir, una vez que sea superada la actual situación por un estado social de derecho, cuya legitimidad sea confirmada por una verdadera Asamblea Nacional Constituyente representativa de toda la población.
Sólo a partir del pleno ejercicio de la libertad sindical por parte de los trabajadores podemos plantearnos la estructura del movimiento obrero organizado. Asimismo, contemplamos la función social del sindicato y de sus órganos representativos, a partir de una estructura democrática en la base, que ha de delegar sus funciones en los organismos regionales, sectoriales y nacionales sólo cuando por la naturaleza de las mismas no las pueda realizar directamente.
En el actual régimen se ha establecido una estructura vertical en las "organizaciones de masas", denominación ésta usada en las leyes vigentes bajo la cual se incluye la organización de los trabajadores junto con las de las mujeres, los pioneros, etc., cuya misión es simplemente apoyar acríticamente la teorización y práctica inmediata del gobierno.
Así, pues, la comunidad del trabajo debe ser rigurosamente apartidista para poder cumplir su función de representar universalmente a todos los trabajadores. Hoy se encuentra subordinada al partido gobernante, inserta pues como peón perfectamente servil a las decisiones superiores sin acceso a determinar o discutir las determinaciones del partido-gobierno.
El sindicalismo social-revolucionario rechaza, con máxima energía, la estructura vertical impuesta al país en las actuales leyes vigentes. Entendiéndose tanto el régimen de partido único como la intervención partidista en las organizaciones de los trabajadores.
Los sindicatos, o sus organizaciones representativas no han de participar en actividades partidistas, no obstante, al igual que todo organismo de la base social, en consecuencia de su interés público, y atendiendo al número de sus representados, podrán ejercer la iniciativa legislativa y nominar candidatos a los cargos electivos. Esto no es un derecho exclusivo de los partidos políticos, ni tampoco un deber público de los organismos en la base social, sino una potestad que debe ser instrumentada.
No es posible un proceso democratizador sin que los organismos de la base social mantengan el diálogo y la interacción permanente, como órganos dedicados al quehacer colectivo, con las autoridades que ejercen el gobierno. El reconocimiento de la importancia fundamental de las organizaciones de la base social y de su necesaria acción protagónica, nos permitirá comprender la permanente renovación que se requiere para la realización de una sociedad cada vez más democrática.
Para que el movimiento sindical cubano sea capaz de realizar la función que le corresponde en el proceso democratizador, el Partido Social- Revolucionario Democrático ha mantenido siempre que es necesario que los obreros permanezcan dentro de las organizaciones sindicales y en ellas han de desplegar la mayor actividad que les permitan las actuales circunstancias. Proclamarse el derecho irrenunciable de concertar convenios colectivos de trabajo en cada empresa, sin intromisión partidista, para hacer que la legislación sindical vigente –no obstante su ineficacia e insuficiencia- se cumpla en el centro de trabajo.
El propósito es que este activismo permita a las organizaciones de los trabajadores, estar en condiciones de participar en el camino al socialismo haciendose camino al andar, impulsando un proceso de democratización y ejerciendo de inmediato las funciones que le corresponde en el camino al socialismo y el tránsito a un estado social de derecho.
Los social-revolucionarios, siempre abiertos al dialogo, hemos reiterado en muy diversos documentos, actividades de prensa y conversaciones personales la necesidad que todo cubano que patria soberana quiere, gobierno y no-gobierno, residente en Cuba o en el extranjero, participe en amplia discusión al logro de una genuina democracia activa y participativa capaz sustentar una sociedad en los valores del socialismo.